Estos seguimientos respaldan la tesis de la Fiscalía de que altos cargos del Partido Popular se sirvieron de las estructuras policiales para asuntos personales. En este caso, el interés respondía en realidad a la voluntad de controlar el nivel de acceso a información que tenía la prensa sobre la relación entre el extesorero -en prisión preventiva en aquellas fechas- y la cúpula del PP.
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