En octubre de 2012 la cúpula de la Agencia Tributaria garantizó a los grandes despachos que la lista de amnistiados permanecería en un buzón y no se comprobaría. Así que los asesores recomendaron a sus clientes que se acogiesen. Pero ahora contemplan con indignación cómo ese listado se ha examinado a la búsqueda de incongruencias, cómo se ha filtrado un nombre y cómo el PSOE amenaza con publicar el contenido.
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