Joan Casajoana, agricultor catalán, descubrió un buen día que una casona familiar, una ermita románica y un pequeño cementerio, ubicados en una finca de su propiedad desde hace siglos, habían sido inmatriculados por el obispo a su nombre. Atónito por la usurpación de bienes que habían pertenecido a sus antepasados desde tiempo inmemorial, se presentó en el Obispado para aclarar la confusión. El prelado se cerró en banda y reclamó documentación que acreditara su propiedad.Es decir: invirtió la carga de la prueba.
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