La ley, una de las más duras del país, fijaba multas prohibitivas para quienes dieran trabajo o alquilasen sus casas a inmigrantes indocumentados, convirtiendo a los empleadores y caseros en la policía migratoria de facto. “Cualquiera que pareciera hispano, hablase español o tuviera algo de acento se convirtió en sospechoso”, “De repente, ser latino se convirtió en un crimen”.
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