Los perceptores de RGI denuncian los recortes de las prestaciones que en “muchas ocasiones” se deben a fallos del personal de Lanbide al que culpan de “desinformación o información errónea”. Recriminan la retirada inmediata de la RGI en procedimientos judiciales por despido improcedente que no se resuelven hasta seis u ocho meses, “un tiempo en el que la gente tiene que vivir de la nada”.
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