Grandes empresas del Ibex, aseguradoras y fondos de capital riesgo dominan ya la gestión de los servicios sociales y de dependencia en Andalucía, que mueve un presupuesto público superior a los 1.240 millones de euros anuales. La administración directa por parte de ayuntamientos y diputaciones es ya prácticamente residual, así como la participación de cooperativas, cuya cuota apenas alcanza el 2%.
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