Casi siempre, los fallos judiciales obligan a dar un vuelco a la situación enjuiciada. Sobre todo cuando detrás del pronunciamiento se encuentra el Tribunal Constitucional. En el caso del controvertido impuesto de plusvalía municipal, cuyo método de cálculo ha sido declarado contrario por el alto tribunal, amenaza con dejar sin oxígeno a las cuentas de gran parte de los 8.000 ayuntamientos que hay en España.
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