En los últimos tres años 57 de las 67 cárceles que dependen del Estado han perdido un 2,6% de plantilla, aunque la población reclusa ha bajado un 5,6%. En total se han perdido 1.006 funcionarios, a lo que hay que sumar las 954 plazas vacantes que no se puede cubrir por las restricciones penitenciarias. Cinco prisiones abiertas tiene 26 módulos sin abrir, y otros cuatro centros, que han costado 1.100 millones, siguen esperando fecha de apertura
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