Dos sentencias del Supremo anularon la autorización administrativa de 2002 y el proyecto de ejecución de 2004 para la instalación de la planta regasificadora de Reganosa en Mugardos (funcionando desde 2007) porque en el momento de emitirse no se contaba con un instrumento de planificación urbanística adecuado. Dado que la planta ahora tiene que pedir nuevas autorizaciones, tras las sentencias del Supremo, el Gobierno decide excluir a Reganosa de la necesidad del trámite de evaluación ambiental con el objetivo de "agilizar" el procedimiento.
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