El Gobierno abre el melón de la represión económica del franquismo. El texto de la Ley de Memoria Histórica, todavía pendiente de posibles cambios tanto en el seno del Ejecutivo como en su tramitación parlamentaria, prevé una auditoría de los bienes expoliados, que serán incorporados a un inventario oficial. Una iniciativa pionera, que precederá a alguna forma de “reconocimiento”. ¿Económico? Todo apunta a que no. La ley también obliga a anular las sentencias políticas de los tribunales franquistas...
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