La posibilidad de veto por parte de cualquier Estado miembro dificulta que Pedro Sánchez pueda cumplir su aspiración de aumentar el gasto social, en particular en medidas laborales y pensiones. El riesgo cierto es la paralización inmediata de los 140.000 millones de euros de fondos europeos a los que aspira España para amortiguar la crisis del Covid-19.
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