El informe, al que ha tenido acceso "Público" en exclusiva, fue entregado a Anticorrupción en abril de 2016 y ésta lo remitió a la Fiscalía de Madrid para que abriera diligencias, al haber indicios suficientes de que los 25 millones de euros y las casi 100 propiedades del entonces comisario le sirven para ocultar dinero y también realizar operaciones de blanqueo de capitales.
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