En efecto, la financiación privada de litigios ajenos es una práctica creciente a través de la cual una serie de personas que actúan como inversores independientes, financian a alguno de los contendientes o, incluso a un grupo de afectados para presentar una demanda colectiva, cubriendo los costes del proceso o cualesquiera otros gastos en los que dicha parte pueda incurrir. Todo ello, a cambio de un porcentaje de lo obtenido en caso de resultar ganadores en el proceso, explica Francisco Pérez Bes, socio de Derecho digital en Ecix Group.
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