En el decreto, el fiscal sostiene que «no se ha llegado a alcanzar una carga indiciaria suficiente para judicializar el tema», y que «las dudas y sospechas no alcanzan para tener la convicción fundada de que se ha cometido algún delito, ya que los resultados de los exámenes pueden explicarse sin acudir necesariamente a un comportamiento relevante penalmente».
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