Sólo en junio, el Gobierno se ha gastado otros tres millones en servicios de apoyo externo por estos litigios. Un despacho estadounidense cobrará dos millones por intentar paralizar el laudo que en mayo condenó a España a pagar 128 millones más intereses a dos empresas extranjeras. El tribunal expuso serias reservas sobre el eje de esa reforma, el de un nuevo marco basado en los costes hipotéticos de una planta eficiente. Algunas estimaciones cifran la suma que España se juega en indemnizaciones por estos litigios supera los 5.000 millones.
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