Granados, entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre, aprovechó para ello un plan del anterior Gobierno regional, el de Ruiz-Gallardón, y lo duplicó (212 millones de euros). Firmó un convenio con el alcalde, también detenido en Púnica, para desembolsar el dinero a través de la empresa pública Arpegio. Según la Guardia Civil, en la fastuosa operación favoreció al testaferro que se quedó con el chalet que le había regalado el constructor Ramiro Cid.
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