El Gobierno vasco ha procedido al cierre de 68 pisos turísticos desde la entrada en vigor a finales de julio de 2018 del decreto que regula el alojamiento en viviendas y habitaciones particulares para uso turístico por estar funcionando de manera clandestina, por lo que sus propietarios se exponen, además, a multas que pueden alcanzar los 100.000 euros. Durante estos 15 meses [] ha abierto un total de 234 expedientes contra alojamientos por incumplir la normativa vigente, de los que, a día de hoy, 91 contemplan sanciones
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