Un juez y un prior que veneran al dictador genocida,una fundación en su honor que lleva su nombre y quienes llevan su apellido tienen secuestrada a una democracia que no puede cumplir el mandato parlamentario de exhumarlo. Aquí no se está garantizando ni la aplicación de una decisión de la Cámara de la soberanía popular ni la protección de las víctimas del franquismo. Este muerto está muy vivo, por eso para rematarlo hay que obligar a sus familiares a hacerse cargo de sus restos. Si no los quieren, que los tiren a una de esas cunetas..
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