El Cabildo de La Palma estudia con sus servicios jurídicos personarse como acusación particular en el caso que perjudica a 12 familias afectadas por el volcán, supuestamente estafada por una constructora a la que adelantaron importantes cantidades de dinero para poder realizar sus nuevas viviendas. La consejera insular de Acción Social, Ángeles Fernández, recuerda que algunas de esas familias abonaron un 25% del total de la obra, unos 25.000 euros, aunque en el peor de los casos, algunas abonaron un porcentaje mayor llegando a 70.000 euros
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