El Estado pedirá este año una ampliación de crédito de 638 millones de euros para hacer frente al pago a los bancos que financiaron la indemnización por el proyecto Castor, según ordenó una sentencia del Tribunal Supremo. El gobierno español, que ya aprobó la medida a finales de diciembre de 2020 con un Real Decreto, lo ha vuelto a incorporar recientemente a un proyecto de ley de medidas de soporte económico y social por la vía de urgencia.
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