En España se lleva mucho tiempo hablando de la judicialización de la política. Básicamente, consiste en convertir a los tribunales en la tercera cámara del proceso legislativo. Todas las decisiones de los gobiernos están sometidas al control judicial, lo que es lógico en una democracia. En España y en todos los países con una Constitución escrita, eso confiere un poder esencial al Tribunal Constitucional. Alianza Popular llevó esa situación al extremo en los años ochenta con la presentación de recursos previos de inconstitucionalidad...
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