En marzo de 2022, la inflación estaba disparada. Solo había pasado un mes del inicio de la guerra en Ucrania y el Índice de Precios de Consumo (IPC) rozaba el 10%, el máximo en casi 40 años. En ese momento, el Gobierno de coalición aprobó una medida que, hasta entonces, parecía un anatema: puso un límite a la subida de los alquileres y despertó las acusaciones de que se estaba interviniendo donde solo deberían mandar las leyes del libre mercado. En realidad, se trataba de desligar las revisiones de rentas de un IPC que estaba desbocado.
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