El escándalo de Gowex vuelve a arrojar enormes dudas sobre el buen gobierno de las compañías españolas y su supervisión. De nuevo, una estafa basada en algo tan simple como mentir burdamente sobre los números de una empresa deja con la credibilidad por los suelos a presuntos empresarios de éxito, auditores, colocadores, asesores registrados pero, sobre todo, confirma la incapacidad de supervisión de los organismos designados a tal efecto para prevenir estos fraudes.
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