La demanda de la Abogacía del Estado contra los Franco para intentar que Meirás pase al patrimonio público se apoya en un protocolo notarial de 1938 que, defiende el Gobierno, confirma que la posterior venta del complejo al dictador fue un "fraude". El Gobierno se ha apoyado en las investigaciones impulsadas por la Diputación de A Coruña, el Parlamento gallego y activistas por la memoria histórica para intentar demostrar que los Franco simularon un contrato para evitar que el inmueble pasase a ser patrimonio público.
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