El orden constitucional se convierte en otra cosa si comporta el precio de la amenaza de penas de cárcel por convocar movilizaciones pacíficas que pueden eventualmente llegar a no serlo. Imponer una sanción penal a quien promueve o convoca una manifestación por los daños que se han causado con motivo de la misma no sólo constituye una vulneración del principio de culpabilidad penal, sino que, sobre todo, introduce para el futuro un “efecto desaliento”. El discurso bienpensante que reduce los derechos fundamentales a sus formas de ejercicio más
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