Es muy legítimo que un ciudadano español quiera dedicar su tiempo y sus recursos a impulsar proyectos cinematográficos, pero no lo es que fuerce a otros ciudadanos españoles a que le entreguen su tiempo y sus recursos para sufragárselos. Si un ciudadano valora suficientemente una película, pagará la correspondiente entrada para visionarla en el cine o seleccionará en su televisor aquella cadena que la emita.
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