El Tratado sobre la Carta de Energía proporciona a las grandes compañías energéticas herramientas para apuntalar sus beneficios, en muchas ocasiones, en detrimento de los derechos de los consumidores. Los casos de Bulgaria y de Hungría, ambos demandados por inversores extranjeros por abaratar el acceso a la electricidad, marcan una senda peligrosa
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