No lo van a reconocer en la próxima campaña electoral, pero su negativa a recibir las ayudas que les ha ofrecido Hacienda para financiarse obligará a sus ciudadanos a soportar una carga de casi 1.900 millones de euros extra. Entre los gobiernos regionales en esta situación se encuentran los de Madrid, el País Vasco, Galicia, Castilla y León y Extremadura.
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