Rafael Catalá es el primer ministro de la democracia reprobado por el pleno del Congreso, José Manuel Maza el primer fiscal general del Estado reprobado por la Cámara y Manuel Moix el primer fiscal jefe Anticorrupción rechazado por el Parlamento. Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, consideraron que el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado y el fiscal jefe Anticorrupción habían tomado decisiones para “obstaculizar la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción”
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