A raíz de la pandemia se ha producido un cambio social que confirma que una parte de ese incremento de la recaudación tributaria es estructural. Medidas, como la obligatoriedad de que los pagos superiores a 1.000 euros de los particulares a empresas o profesionales se hagan mediante medios que permitan identificar el origen del dinero, como las transferencias bancarias o el pago con tarjeta (incluida en la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal) han sido esenciales para ello,
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