Sobre el papel, los ciudadanos tendrán garantizado legalmente su derecho a “vivir, trabajar o estudiar” en su país de acogida, y mantienen su acceso a asistencia sanitaria y beneficios sociales como paro o pensiones, que podrán recibir en otro Estado miembro en condiciones idénticas a las que disfrutan ahora como socios europeos. También podrán optar por ley al empleo y a registrarse como autónomos, y se mantienen los reconocimientos de cualificaciones profesionales acordadas en el pasado o que estén en proceso a ambos lados del Canal de la Man
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