En Malta, el primer ministro, Joseph Muscat, y su partido fueron acusados de permitir que la corrupción quedara impune, de debilitar las fuerzas policiales y al poder judicial, de hacer posible el ambiente en el que sucedió el asesinato de la periodista. Pero la cosa va más allá. La Unión Europea ahora debe decidir cómo lidiar con su Estado miembro más pequeño, una isla que parece haberse convertido en un imán para criminales y corruptos.
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