Una inmobiliaria vinculada al BBVA ordena la ejecución del desahucio de tres bloques de viviendas vacías, ocupadas desde hace casi una década, en mitad del estado de alarma. El Ayuntamiento asegura que no puede intervenir si es una ocupación ilegal y que solo dos familias tienen informe de asuntos sociales. La PAH acusa al consistorio de dejadez y falta de sensibilidad social y eleva las familias vulnerables a 17.
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