Según informaron fuentes jurídicas, los magistrados entendieron que, tras la reforma sobre justicia universal impulsada por el PP y aprobada por las Cortes, España no tiene jurisdicción para perseguir unos hechos tipificados como genocidio y lesa humanidad. Los magistrados argumentan que los ocho querellados no son españoles, ni residen habitualmente en España ni se denegó su extradición por parte de las autoridades españolas. Estos tres serían los requisitos por los que, de acuerdo con la nueva ley, se podría mantener la competencia.
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