La magnitud de la operación policial desbordó al PP y la presión sobre los pitufos fue tal que el partido de Isabel Bonig se vio obligado a crear una gestora que dirigiera al PP de Valencia. Desde Génova se abrió un expediente a los implicados que, un año después, sigue durmiendo el sueño de los justos mientras los concejales y asesores investigados siguen en el Ayuntamiento cobrando un sueldo público.
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