En particular, el organismo ha abierto procedimientos para penalizar al servicio por no designar a una persona de contacto con las estructuras del poder y no ofrecer un trámite de denuncia penal para los contenidos delictivos. Las autoridades exigen a los responsables de la aplicación que faciliten los datos de los usuarios a los órganos de seguridad en el caso de que exista una solicitud judicial. Además, instan a la plataforma de mensajería instantánea a borrar el contenido criminal que no se ajuste a los márgenes legales del país.
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