Hace ya más de un año y medio que 392 familias de diversos barrios de Pamplona recibieron varias cartas en las que el fondo buitre Testa Residencial les comunicaba que sus condiciones contractuales de alquiler “habían cambiado”. Los pisos, que habían estado sujetos a un régimen de protección oficial durante los pasados 20 años, habían pasado al mercado libre. Esto las colocaría en riesgo de desahucio.
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