Según los 115 colectivos firmantes, la condecoración a los guardias civiles, acusados y absueltos por golpear y deportar ilegalmente inmigrantes y refugiados, no sólo excede las atribuciones de un Gobierno en funciones, sino que supone premiar y promover actuaciones ilegales que vulneran gravemente los derechos humanos, sobre las que la ONU acaba
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