En Holanda hay casi 400.000 turcos viviendo. De ellos, una gran parte tiene doble nacionalidad. Después del intento de golpe de Estado de julio, el consulado turco le retiró el pasaporte a más de veinte ciudadanos turcos exigiéndoles que fueran a Ankara para demostrar que no tenían nada que ver con el golpe (lo que de facto implica que en Turquía serían encarcelados). Pero para Holanda se trata de sus ciudadanos, y considera que Turquía está atropellando sus derechos y se está metiendo en su política interna. El problema es parecido con los millones de ciudadanos de origen turco que residen en Alemania, Austria o Suiza. Ir a ciudades holandesas o alemanas a dar un mitin a favor de un referéndum cuya consecuencia será acercar a Turquía aún más a una dictadura es una provocación de primera magnitud. Dicho esto, lo que acaba de hacer Holanda es responder a esa provocación con un atropello del derecho internacional más básico, o sea, que la ministra turca de familia (por lo demás, famosa por ser una mujer que tira piedras sobre el tejado de las mujeres turcas) lleva toda la razón en su protesta. Erdogán, digno discípulo de Maquiavelo, Goebbels, etc. ha orquestado la mejor campaña mediática a su favor para el referéndum, y Holanda ha picado el anzuelo haciéndole la propaganda gratis. Podrían haber prohibido los mítines por razones de seguridad y orden público como se ha hecho en Alemania, podrían haber dado la menor difusión posible a la visita de los ministros turcos, pero lo que han hecho es lo contrario, con lo que aparte de hacerle un gran favor a Erdogan y meterse en un arrecife muy chungo, le están regalando unos buenos votos a la ultraderecha holandesa y europea.
El problema de los servicios publicos privatizados es la falta de competencia. Realmente no se trata de mercados en libre competencia con empresas peleando por ofrecer el mejor servicio al mínimo precio, donde el capitalismo funciona con brutal eficiencia frente al comunismo. Se trata de concesiones de servicios públicos a empresas privadas, la competencia se realiza para ganar la concesión, luego se ofrece el servicio mínimo exigido por la misma para que no te rescindan el contrato y tratas de reducir todos los costes posibles y subir al máximo legal el precio para obtener el máximo beneficio, pues no hay competidor. El cliente para esta empresa no es el usuario del servicio, es la Administración que le otorga la concesión.
He aquí la causa de que las privatizaciones no traigan mejor servicio y mejores precios, sino peor servicio, precios más caros y corrupción para ganar concesiones.
El problema es que no se puede privatizar un sector en el que no puede existir competencia, y una vía de tren o un cable telefónico admiten un número de competidores muy limitado. No hablemos ya de servicios como el agua, en claro monopolio para las concesionarias.
Son privatizaciones de servicios públicos, sí, pero no lo llaméis liberalización porque no se parecen en nada a un mercado en libre competencia.