En 2007 el fiscal general Cándido Conde-Pumpido se reunió con el embajador estadounidense para asegurarle que los fiscales “seguirían oponiéndose” a la orden de detención dictada contra los tres militares estadounidenses implicados en la causa. La orden de detención había sido dictada tres días antes por el juez Santiago Pedraz. El 30 de abril de 2007 el embajador estadounidense se vio con la vicepresidenta Fernández de la Vega, quien aseguró “estar muy implicada en el seguimiento del caso [Couso]". El recurso no tardó en llegar.
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