La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez y la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de privarle de su escaño en representación de 64.000 electores de Canarias han conseguido su objetivo. La disolución anticipada de las Cortes convierte en realidad su expulsión como diputado por toda la legislatura XIV en aplicación de una sentencia que le condenó por una presunta pena de prisión de un mes y 45 días (inexistente según el Código Penal)
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