El fallo considera probado que la dirección, que encabeza Alfonso Sánchez Izquierdo desde que Alberto Núñez Feijóo lo nombró para ese cargo en el 2009, vulneró los derechos fundamentales del trabajador al expedientarle y sancionarle ilegalmente por su vinculación con el movimiento Defende a Galega, que desde hace cuatro años denuncia la manipulación informativa en la televisión y la radio pública autonómicas.
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