Varios compañeros del eurodiputado critican su desmarque en la votación sobre los fondos europeos para Hungría. El político valenciano aspira a lograr en enero un puesto de vicepresidente en la Eurocámara

A pesar de que el PP de Madrid y el Gobierno de la Comunidad de Madrid acostumbran a ejercer de portavoces de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuando tratan de vender alguna noticia positiva sobre su presunto fraude fiscal o, directamente fabricar un bulo, este miércoles ha tocado volver a la fórmula del 'ciudadano anónimo'.

Mape Asesores, administrada por el jefe de Alberto González Amador en Quirón, se embolsó 4,7 millones por vender batas desechables a 2,52 euros la unidad en lo peor de la pandemia, un 37% más caras que la media, según el tribunal de cuentas gallego, lo que propició ese año la comisión de 2 millones de euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por intermediar en la compraventa de ese tipo de material en lo peor de la pandemia.

Juan Lobato, portavoz del PSOE, sobre la supuesta devolución de dinero por parte de Hacienda a la pareja de Isabel Díaz Ayuso: "Los delitos son como los pecados, no basta con confesarse tarde y mal. Haga públicos los informes de Hacienda, veamos de dónde viene el dinero".

La filial de Quirón obtuvo 1,8 millones en contratos entre 2017 y 2020. Desde que González Amador inició su relación con la presidenta, la empresa sanitaria recibió casi 3 millones entre adjudicaciones y prórrogas. A medida que fueron creciendo los contratos entre Quirón Prevención y la Comunidad de Madrid, González Amador ha multiplicado por cuatro los ingresos que recibe de la filial de Quirón.

Los pagos de Quirón Prevención a la principal empresa de la pareja de Ayuso ascendieron a 722.180 euros en 2021 cuando se inició la relación. Es casi el triple respecto a los 275.273,83 euros que la sociedad de la pareja de Ayuso. A esos más de 700.000 euros hay que sumar otros 327.000 euros procedentes de Quirón que González Amador facturó en 2021 a través de una empresa pantalla sin actividad que recibió encargos adicionales del grupo sanitario.

El grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha registrado una proposición no de ley para la creación de un nuevo impuesto sobre activos no productivos y la elaboración de un Plan de Lucha contra el Fraude. El principal partido de la oposición a Isabel Díaz Ayuso presenta estas iniciativas en el marco del estallido del caso de presunto delito fiscal que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.

El PSOE se ha personado en el caso de la imputación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, citada a declarar el próximo 20 de mayo, tras las acciones legales emprendidas por la Fiscalía de Madrid. El grupo parlamentario socialista, que argumenta su decisión en que se trata de “una causa de interés general de los ciudadanos”, también ha forzado el voto de una moción en el Senado esta semana para condenar los ataques a la libertad de prensa “por parte de responsables públicos del Gobierno de la Comunidad de

González Amador declarará como imputado el próximo 20 de mayo, en un juzgado de Madrid. Pero Ayuso, desde que se conocieron las primeras noticias sobre los negocios de su pareja, ha realizado todo tipo de giros en su discurso sobre el caso: ha mentido, aportado datos falsos y modificado notablemente cómo se refiere a su pareja, que ahora es, para la presidenta, “un ciudadano particular”.

La Agencia Tributaria inspeccionó en 2022 a casi 29.000 contribuyentes, pero solo denunció ante la Fiscalía 184 casos, que son los más graves y los que pueden comportar blanqueo, contrabando o delito fiscal, presunto caso de Alberto González Amador. “Cualquiera que ha tenido una inspección sabe que Hacienda hace una acusación y luego él tiene que defenderlo. Es una inspección salvaje, sacada de quicio”. Los datos desmienten la declaración hecha por la presidenta de la Comunidad de Madrid

"La relación es una empresa que pasa de 20 millones a 400 en el mismo periodo en el que todos estos hechos suceden. Fíjese si no tengo derecho a hacer esta correlación cuando el PP está diciendo que yo, que la presidenta de Baleares, el de Canarias o el presidente del Gobierno teníamos que estar al corriente de lo que hacía Koldo y que nosotros nos hemos beneficiado. Fíjese si es difícil establecer un nexo casual entre lo que ha hecho Koldo con nosotros y lo fácil que es establecerla entre dos personas que conviven"

Cuando parecía que los focos mediáticos se apartaban ligeramente de la vida política de la localidad salmantina de Béjar, un nuevo capítulo relacionado con La Covatilla ha devuelto el ‘run run’ al Ayuntamiento. Por extraño que pueda parecer, todo tiene que ver con un exconcejal del Ayuntamiento de Salamanca y amigo personal del alcalde de Béjar, que, tras pasar media vida ligado al mundo de la política, primero ejerciendo y después asesorando, ha sido elegido entre una lista de siete aspirantes para el puesto de ayudante de profesor de esquí ..

Los inmuebles pertenecen a su exsocia Gloria Carrasco Fernández, cuyo marido aparece con Alberto González en una sociedad en Panamá.el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene dos delegaciones de una de sus empresas investigadas por la Fiscalía Provincial en la ciudad de León. En concreto, las delegaciones de la compañía Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering se ubican en un local comercial y un céntrico piso de 212 metros cuadrados que fue tasado en 2010 por por 408.540 €.

Felipe González y José Bono disponen de la nacionalidad del país caribeño, lo que les permite disfrutar de suculentas ventajas fiscales

Alberto González, hoy concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, presuntamente ordenó espiar a varios consejeros del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso utilizando a una mujer que les debía “poner cachondos”. Así consta en mensajes de WhatsApp que forman parte de una denuncia que dirigentes del Partido Popular remitieron por escrito a mediados de 2023 al Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido denunciando irregularidades y espionaje a cargos políticos.

«Polarización» fue la palabra del año 2023. Emparentada con radicalización, falta de diálogo y el continuo intento de deslegitimar al otro cuando piensa distinto a nosotros, esa palabra da buena cuenta de la crispación que atraviesa España. El periodista y analista político Ramón González Férriz (Granollers, 1977) indaga en ‘Los años peligrosos. Por qué la política se ha vuelto radical’ (Debate) las causas de esta situación que amenaza la democracia, la convivencia y la salud mental de los ciudadanos.

Su paso como presidente de la Comunidad de Madrid, entre septiembre de 2012 y junio de 2015 –cargo al que accedió tras la dimisión de Esperanza Aguirre–, ha caído en el olvido. Su nombre ya no es la comidilla de las conversaciones de sus antiguos compañeros del PP de Madrid, ni de los de la Asamblea regional. Desde hace años, en las últimas recepciones en la Casa de Correos con motivo de los aniversarios de la Constitución, el nombre de Ignacio González ha sido borrado de la lista de invitados. Ya no se cuenta con él.

Ocurrió en un acto en Sevilla sobre incendios forestales junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP). El vídeo, difundido en la red social X por Europa Press, ha generado un buen número de críticas hacia la postura de González, pero, sobre todo, hacia los argumentos que emplea, que suelen ser los usados por negacionistas del cambio climático o retardistas de todo tipo. Expertos y miembros del PSOE critican que el expresidente socialista equiparé los residuos radiactivos a los de las plantas fotovoltaicas y eólicas.

La organización que pide la libertad del periodista acusado de espionaje dice que está en una situación de "tortura psicológica"

“Quiero retirarla y disculparme de manera muy concreta con las personas que sufren o han sufrido esa enfermedad. En el PP sí sabemos reconocer un error”, ha subrayado Pons en un comunicado. Pons no ha descartado este martes que su partido deje de presentar recursos ante el actual Tribunal Constitucional (TC) porque lo considera “un cáncer del Estado de Derecho” en las actuales condiciones, según ha dicho en un coloquio del Círculo Ecuestre de Barcelona junto a La Vanguardia.