Nadie nos asegura que, una vez esté fuera Ayuso, los servicios públicos se vuelvan eficientes, aumenten su calidad y se vuelvan universales. Ni que la sanidad ni el resto de servicios públicos y derechos humanos estén garantizados allá donde no gobierna la derecha. Esta semana la Policía entraba a golpe de maza para desahuciar a una familia con menores y enfermos de cáncer, y esto no es competencia de Ayuso precisamente. Tampoco es cosa de Ayuso la masacre de Melilla que el ministro del Interior trata de esquivar ante la avalancha de evidencias
