El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), antes conocida como Ley Castells y ahora denominada popularmente como Ley Subirats. El texto, que derogará la Lou de 2001 reformada en 2007, ha sufrido muchos cambios de un ministro a otro pero mantiene las esencias que definen el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre otras cosas, se rebaja la exigencia para ser rector, se prioriza la contratación de las mujeres en "igualdad de condiciones de idoneidad".

La parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha puesto en valor que el 91 % de la Cámara respalde una visión común sobre una educación de calidad, equitativa, plurilingüe, inclusiva, desde el reconocimiento central de la escuela publica, con el euskera como eje y que forme a los alumnos en competencias y en valores. Este acuerdo político, del que se han descolgado PP+Cs y Vox, previsiblemente será ratificado en comisión el 28 de marzo para ser aprobado definitivamente en pleno el 7 de abril. Será la base de la futura Ley de Educación prevista

El peligro real al que se enfrenta la educación viene de la mano de los que llevan décadas haciendo negocio con ella.

“La izquierda muchas veces piensa que tiene el monopolio de la superioridad moral en los temas de la educación y la cultura. Y porque es verdad que sus ideólogos de referencia como Laclau, Chomsky, Gramsci, dejan muy claro que a través de la Educación es como se puede moldear las futuras generaciones en los países. Por eso siempre han pedido las consejerías de Educación. Por eso siempre ponen al frente de los ministerios de Educación a personas con una marcada tendencia partidista y política. No a expertos”.

Hubo una ocasión, por cierto, en que estuvo escrito y pactado un proyecto de ley de educación con 155 puntos que tenían el respaldo de la comunidad educativa y del Partido Popular, bajo el ministerio de Ángel Gabilondo en 2010. En el último momento, Mariano Rajoy y su equipo se apearon para no dar oxígeno a Zapatero. Cualquier gran pacto político transversal sólo es (o era) factible en la primera parte de una legislatura, no cuando cada cual es incapaz de mirar por encima de la pared de la siguiente cita electoral. Ahora ni siquiera…

No ha tenido éxito Isabel Celaá en sus intentos de tranquilizar al sector de la educación concertada. "La Lomloe no ataca a las escuelas concertadas", ha dicho una y otra vez durante los últimos meses la ministra de Educación, conocida por haber llevado a sus hijas al elitista colegio bilbaíno concertado Bienaventurada Virgen María-Irlandesas. La ministra Celaá ha llegado, de hecho, a negar que el derecho a la elección de centro sea constitucional, algo que hasta ahora sólo había sostenido en España algunos sectores de la izquierda.

Arrimadas ha señalado que “en muchas CCAA está ya eliminado en la práctica, aunque el Partido Popular no se haya querido enterar. Lucharemos hasta el final y si se aprueba la llevaremos al TC y a Europa“, ha señalado la líder de Ciudadanos. Sobre la mesa se han abrieron varios debates, pero el que más preguntas despertó por parte de los afiliados naranjas ha sido la eliminación del castellano como lengua vehicular tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno y Esquerra.

Puestos a dejar a la opinión pública con la boca abierta, es difícil encontrar mejores ejemplos que los que ofrece Alberto Núñez Feijóo. En su mitin de O Pino del sábado, estaba tan contento con tener cerca a Ursula Von der Leyen que se le fue la pinza al referirse a los comicios del 23 de julio, “donde ganamos las elecciones y no nos dejaron gobernar”. ¿No les dejaron gobernar? Pero esto es muy grave. ¿Quién? ¿El Tribunal Supremo? ¿La Guardia Civil?

El sindicato ha resaltado que la Delegación municipal de Universidad, Educación, Movilidad y de Hermandades y cofradías del Ayuntamiento de Cádiz pretende romper con un principio del sistema educativo andaluz establecido en la Ley de Educación de Andalucía de 2007, donde se estipula que la enseñanza pública será laica.

La llamada Ley Mordaza avala que se pueda cachear a una persona si existen indicios racionales de que está ocultando un delito. Y como la tenencia de cannabis es considerada siempre como ilícita, la policía cree que es indicio racional cachear a un socio de un club cannábico a la salida de su sede social.

El más grave de los crímenes internacionales comenzó a perseguirse en la década de 1940 tras las atrocidades del Holocausto. Pero se tardaron décadas en condenar a alguien por genocidio. Convertido en un arma política, la masacre de Ruanda fue la primera vez en la historia que un tribunal internacional condenó a alguien por genocidio, un crimen cuya definición sólo se formalizó tras el Holocausto.

La escena de un diputado simulando el gesto de una pistola mientras habla Isabel Díaz Ayuso se ha vuelto a repetir en el Pleno de la Asamblea de Madrid este jueves. Si hace tiempo Mónica García, ahora ministra de Sanidad, fue captada mientras imitaba el gesto de apuntar mientras hablaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora ha sido otro diputado de Más Madrid el que ha actuado de la misma manera.