A pesar de que el PP de Madrid y el Gobierno de la Comunidad de Madrid acostumbran a ejercer de portavoces de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuando tratan de vender alguna noticia positiva sobre su presunto fraude fiscal o, directamente fabricar un bulo, este miércoles ha tocado volver a la fórmula del 'ciudadano anónimo'.

Mape Asesores, administrada por el jefe de Alberto González Amador en Quirón, se embolsó 4,7 millones por vender batas desechables a 2,52 euros la unidad en lo peor de la pandemia, un 37% más caras que la media, según el tribunal de cuentas gallego, lo que propició ese año la comisión de 2 millones de euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por intermediar en la compraventa de ese tipo de material en lo peor de la pandemia.

Juan Lobato, portavoz del PSOE, sobre la supuesta devolución de dinero por parte de Hacienda a la pareja de Isabel Díaz Ayuso: "Los delitos son como los pecados, no basta con confesarse tarde y mal. Haga públicos los informes de Hacienda, veamos de dónde viene el dinero".

El grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha registrado una proposición no de ley para la creación de un nuevo impuesto sobre activos no productivos y la elaboración de un Plan de Lucha contra el Fraude. El principal partido de la oposición a Isabel Díaz Ayuso presenta estas iniciativas en el marco del estallido del caso de presunto delito fiscal que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.

El PSOE se ha personado en el caso de la imputación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, citada a declarar el próximo 20 de mayo, tras las acciones legales emprendidas por la Fiscalía de Madrid. El grupo parlamentario socialista, que argumenta su decisión en que se trata de “una causa de interés general de los ciudadanos”, también ha forzado el voto de una moción en el Senado esta semana para condenar los ataques a la libertad de prensa “por parte de responsables públicos del Gobierno de la Comunidad de

González Amador declarará como imputado el próximo 20 de mayo, en un juzgado de Madrid. Pero Ayuso, desde que se conocieron las primeras noticias sobre los negocios de su pareja, ha realizado todo tipo de giros en su discurso sobre el caso: ha mentido, aportado datos falsos y modificado notablemente cómo se refiere a su pareja, que ahora es, para la presidenta, “un ciudadano particular”.

La Agencia Tributaria inspeccionó en 2022 a casi 29.000 contribuyentes, pero solo denunció ante la Fiscalía 184 casos, que son los más graves y los que pueden comportar blanqueo, contrabando o delito fiscal, presunto caso de Alberto González Amador. “Cualquiera que ha tenido una inspección sabe que Hacienda hace una acusación y luego él tiene que defenderlo. Es una inspección salvaje, sacada de quicio”. Los datos desmienten la declaración hecha por la presidenta de la Comunidad de Madrid

"La relación es una empresa que pasa de 20 millones a 400 en el mismo periodo en el que todos estos hechos suceden. Fíjese si no tengo derecho a hacer esta correlación cuando el PP está diciendo que yo, que la presidenta de Baleares, el de Canarias o el presidente del Gobierno teníamos que estar al corriente de lo que hacía Koldo y que nosotros nos hemos beneficiado. Fíjese si es difícil establecer un nexo casual entre lo que ha hecho Koldo con nosotros y lo fácil que es establecerla entre dos personas que conviven"

Los inmuebles pertenecen a su exsocia Gloria Carrasco Fernández, cuyo marido aparece con Alberto González en una sociedad en Panamá.el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene dos delegaciones de una de sus empresas investigadas por la Fiscalía Provincial en la ciudad de León. En concreto, las delegaciones de la compañía Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering se ubican en un local comercial y un céntrico piso de 212 metros cuadrados que fue tasado en 2010 por por 408.540 €.

Alberto González, hoy concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, presuntamente ordenó espiar a varios consejeros del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso utilizando a una mujer que les debía “poner cachondos”. Así consta en mensajes de WhatsApp que forman parte de una denuncia que dirigentes del Partido Popular remitieron por escrito a mediados de 2023 al Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido denunciando irregularidades y espionaje a cargos políticos.

La formación establece la hoja de ruta para la cita que tendrá lugar el próximo año, con la Colegiada Federal asumiendo de forma colectiva las tareas del secretario general e Ismael González como representante antes las instituciones.

La filial de Quirón obtuvo 1,8 millones en contratos entre 2017 y 2020. Desde que González Amador inició su relación con la presidenta, la empresa sanitaria recibió casi 3 millones entre adjudicaciones y prórrogas. A medida que fueron creciendo los contratos entre Quirón Prevención y la Comunidad de Madrid, González Amador ha multiplicado por cuatro los ingresos que recibe de la filial de Quirón.

Los pagos de Quirón Prevención a la principal empresa de la pareja de Ayuso ascendieron a 722.180 euros en 2021 cuando se inició la relación. Es casi el triple respecto a los 275.273,83 euros que la sociedad de la pareja de Ayuso. A esos más de 700.000 euros hay que sumar otros 327.000 euros procedentes de Quirón que González Amador facturó en 2021 a través de una empresa pantalla sin actividad que recibió encargos adicionales del grupo sanitario.

Cuando parecía que los focos mediáticos se apartaban ligeramente de la vida política de la localidad salmantina de Béjar, un nuevo capítulo relacionado con La Covatilla ha devuelto el ‘run run’ al Ayuntamiento. Por extraño que pueda parecer, todo tiene que ver con un exconcejal del Ayuntamiento de Salamanca y amigo personal del alcalde de Béjar, que, tras pasar media vida ligado al mundo de la política, primero ejerciendo y después asesorando, ha sido elegido entre una lista de siete aspirantes para el puesto de ayudante de profesor de esquí ..

Felipe González y José Bono disponen de la nacionalidad del país caribeño, lo que les permite disfrutar de suculentas ventajas fiscales

¿Quién es este misterioso personaje? El hecho recuerda bastante a aquel acertijo que ocurrió con la famosa anotación en la caja B del partido (o sea las cuentas opacas, sin declarar), en la que aparecía un tal “M. Rajoy” como beneficiario de sobres, gratificaciones extra y pedreas que no pasaban por Hacienda. La Justicia nunca llegó a averiguar quién era aquel Eme Punto, uno de los casos más enigmáticos de la historia de España. Quizá fue que en la siempre atascada y burocrática oficina judicial no le pusieron demasiado celo profesional

“Yo no tengo ningún problema en que si se detecta que mi consejería cometió algún fallo, asumir las responsabilidades, y después explicar las razones por las que se tomó una decisión. Lo que me diferencia de Ayuso es que asumo mi responsabilidad (…) Lo del Gobierno de la Comunidad de Madrid me parece absolutamente lamentable, pero tampoco me extraña, porque ha sido el camino que tomó desde el primer día el Ejecutivo de Ayuso”.

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, solicitó la movilización del Ejército al Gobierno Central pese a la oposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es en abril cuando las referencias a la UME se convierten en una constante en los escritos policiales. Así lo manifiestan buena parte de los textos, como el de la residencia Dos de Mayo que, a fecha de 4 de abril de 2020, pedía la “urgente desinfección por parte de la UME”.

«Polarización» fue la palabra del año 2023. Emparentada con radicalización, falta de diálogo y el continuo intento de deslegitimar al otro cuando piensa distinto a nosotros, esa palabra da buena cuenta de la crispación que atraviesa España. El periodista y analista político Ramón González Férriz (Granollers, 1977) indaga en ‘Los años peligrosos. Por qué la política se ha vuelto radical’ (Debate) las causas de esta situación que amenaza la democracia, la convivencia y la salud mental de los ciudadanos.