El exlíder de Ciudadanos pasa a presidir el club Raheem para promocionar las “relaciones institucionales” y la “internacionalización” de negocios

El plan Sánchez, por Albert Rivera en 2019............................................................

Una pintada en la tienda de los padres del ex líder del Ciudadanos, Albert Rivera, fue investigada como terrorismo por parte de la Audiencia Nacional española. Así se constata en las diligencias 104/17 del juzgado central de instrucción número 6, que dirige Manuel García Castellón, que han permanecido durante cuatro años y medio secretas y a las que ha tenido acceso El Mundo.

La moción de censura que los diputados de Cs firmaron en la noche del 9 de marzo del pasado año contra el Gobierno regional de Fernando López Miras y la alcaldía de José Ballesta, empezó a ser desactivada una hora después, cuando la vicepresidenta, Isabel Franco, informó al presidente y al alcalde Murcia de lo que se proponían el PSOE y su partido. La intervención de la mano derecha de Albert Rivera, Villegas, fue decisiva poco después para dar el vuelco a la iniciativa, al menos en la Comunidad.

Albert Rivera ha reclamado al bufete de abogados Martínez-Echevarría, para el que trabajaba desde marzo de 2020, que le abone su sueldo hasta 2025, como parte de la negociación que tanto él como José Manuel Villegas mantienen con el despacho para resolver su salida. La cantidad que pide el expresidente de Ciudadanos ronda los 500 días por año trabajado, que contrastan con el modelo que proponía su formación cuando él la dirigía: un contrato único de 20 días por despido procedente y de 33 si estaba injustificado.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha preguntado a Alberto Núñez Feijóo “qué pasaría” si hablara en la Cámara Baja sobre la peluca y el “escape” de la pareja de Isabel Díaz Ayuso tras reconocer un delito fiscal en un juzgado. “Pasaría que la gente no entiende nada y diría que todos somos iguales”. “Y gana usted, ganan ustedes”, ha continuado. “Todos somos malos. Ese es el peligro, por eso lo hacen”.

A pesar de que el PP de Madrid y el Gobierno de la Comunidad de Madrid acostumbran a ejercer de portavoces de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuando tratan de vender alguna noticia positiva sobre su presunto fraude fiscal o, directamente fabricar un bulo, este miércoles ha tocado volver a la fórmula del 'ciudadano anónimo'.

Mape Asesores, administrada por el jefe de Alberto González Amador en Quirón, se embolsó 4,7 millones por vender batas desechables a 2,52 euros la unidad en lo peor de la pandemia, un 37% más caras que la media, según el tribunal de cuentas gallego, lo que propició ese año la comisión de 2 millones de euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por intermediar en la compraventa de ese tipo de material en lo peor de la pandemia.

Juan Lobato, portavoz del PSOE, sobre la supuesta devolución de dinero por parte de Hacienda a la pareja de Isabel Díaz Ayuso: "Los delitos son como los pecados, no basta con confesarse tarde y mal. Haga públicos los informes de Hacienda, veamos de dónde viene el dinero".

El grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha registrado una proposición no de ley para la creación de un nuevo impuesto sobre activos no productivos y la elaboración de un Plan de Lucha contra el Fraude. El principal partido de la oposición a Isabel Díaz Ayuso presenta estas iniciativas en el marco del estallido del caso de presunto delito fiscal que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.

El PSOE se ha personado en el caso de la imputación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, citada a declarar el próximo 20 de mayo, tras las acciones legales emprendidas por la Fiscalía de Madrid. El grupo parlamentario socialista, que argumenta su decisión en que se trata de “una causa de interés general de los ciudadanos”, también ha forzado el voto de una moción en el Senado esta semana para condenar los ataques a la libertad de prensa “por parte de responsables públicos del Gobierno de la Comunidad de

González Amador declarará como imputado el próximo 20 de mayo, en un juzgado de Madrid. Pero Ayuso, desde que se conocieron las primeras noticias sobre los negocios de su pareja, ha realizado todo tipo de giros en su discurso sobre el caso: ha mentido, aportado datos falsos y modificado notablemente cómo se refiere a su pareja, que ahora es, para la presidenta, “un ciudadano particular”.

La Agencia Tributaria inspeccionó en 2022 a casi 29.000 contribuyentes, pero solo denunció ante la Fiscalía 184 casos, que son los más graves y los que pueden comportar blanqueo, contrabando o delito fiscal, presunto caso de Alberto González Amador. “Cualquiera que ha tenido una inspección sabe que Hacienda hace una acusación y luego él tiene que defenderlo. Es una inspección salvaje, sacada de quicio”. Los datos desmienten la declaración hecha por la presidenta de la Comunidad de Madrid

"La relación es una empresa que pasa de 20 millones a 400 en el mismo periodo en el que todos estos hechos suceden. Fíjese si no tengo derecho a hacer esta correlación cuando el PP está diciendo que yo, que la presidenta de Baleares, el de Canarias o el presidente del Gobierno teníamos que estar al corriente de lo que hacía Koldo y que nosotros nos hemos beneficiado. Fíjese si es difícil establecer un nexo casual entre lo que ha hecho Koldo con nosotros y lo fácil que es establecerla entre dos personas que conviven"

Los inmuebles pertenecen a su exsocia Gloria Carrasco Fernández, cuyo marido aparece con Alberto González en una sociedad en Panamá.el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene dos delegaciones de una de sus empresas investigadas por la Fiscalía Provincial en la ciudad de León. En concreto, las delegaciones de la compañía Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering se ubican en un local comercial y un céntrico piso de 212 metros cuadrados que fue tasado en 2010 por por 408.540 €.

¿Quién es este misterioso personaje? El hecho recuerda bastante a aquel acertijo que ocurrió con la famosa anotación en la caja B del partido (o sea las cuentas opacas, sin declarar), en la que aparecía un tal “M. Rajoy” como beneficiario de sobres, gratificaciones extra y pedreas que no pasaban por Hacienda. La Justicia nunca llegó a averiguar quién era aquel Eme Punto, uno de los casos más enigmáticos de la historia de España. Quizá fue que en la siempre atascada y burocrática oficina judicial no le pusieron demasiado celo profesional

Alberto González, hoy concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, presuntamente ordenó espiar a varios consejeros del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso utilizando a una mujer que les debía “poner cachondos”. Así consta en mensajes de WhatsApp que forman parte de una denuncia que dirigentes del Partido Popular remitieron por escrito a mediados de 2023 al Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido denunciando irregularidades y espionaje a cargos políticos.

“Yo no tengo ningún problema en que si se detecta que mi consejería cometió algún fallo, asumir las responsabilidades, y después explicar las razones por las que se tomó una decisión. Lo que me diferencia de Ayuso es que asumo mi responsabilidad (…) Lo del Gobierno de la Comunidad de Madrid me parece absolutamente lamentable, pero tampoco me extraña, porque ha sido el camino que tomó desde el primer día el Ejecutivo de Ayuso”.

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, solicitó la movilización del Ejército al Gobierno Central pese a la oposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es en abril cuando las referencias a la UME se convierten en una constante en los escritos policiales. Así lo manifiestan buena parte de los textos, como el de la residencia Dos de Mayo que, a fecha de 4 de abril de 2020, pedía la “urgente desinfección por parte de la UME”.

"Nunca podré saber si tengo un precio porque nadie ha intentado jamás comprarme" Siempre pensé que Alberto Garzón acabaría siendo profesor universitario. Tiene todas las cualidades para serlo. Quizá lo único que podía faltarle era la tesis doctoral, pero los dos años de cobertura económica con los que contaba tras haber sido ministro durante una legislatura, habrían bastado para hacer una investigación doctoral excelente, en España o fuera de España. Eso es lo que yo pensaba que iba a hacer Alberto...

Por segunda vez en quince días, el Pleno del Tribunal Constitucional ha amparado al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez por la condena del Tribunal Supremo que se tradujo en la pérdida de su escaño. Según ha podido saber ABC, la mayoría progresista ha estimado este miércoles el recurso contra la decisión de la expresidenta del Congreso Meritxel Batet de despojarle del acta y abre la puerta a que el del ex número tres de la formación morada pida una indemnización por el sueldo que dejó de percibir.