Si el señor Rajoy se siente gratificado por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma la decisión de la Audiencia Nacional (AN) por la que se condenó al PP "exclusivamente" por ser partícipe a titulo lucrativo de las operaciones de la trama Gürtel, no voy ser yo quien empañe su alegría por el espaldarazo. No tengo el más mínimo reparo en sumarme a la felicitación. Pienso, no obstante, que el expresidente del PP y del Gobierno se ha precipitado al expresar su satisfacción.

El Tribunal Supremo ha corroborado en en su sentencia que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mintió cuando negó en su declaración como testigo, durante el juicio por la primera época de la Gürtel, tanto la existencia de la caja b en el PP como el cobro de sobresueldos, porque no cuestiona este aspecto de la sentencia de la Audiencia Nacional.El alto Tribunal no cuestiona la sentencia de la AN que consideró que los testimonios de Rajoy, Arenas, Cascos o García Escudero "no fueron creíbles" al negar la caja b y el cobro de sobresueldos.

Tras el examen de la jurisprudencia y doctrina del Tribunal Constitucional sobre esta materia, los magistrados han concluido que la reclamación del PSOE no reúne los requisitos exigidos por dicha doctrina para llevar a cabo una revisión de votos como la solicitada. El PSOE tiene tres días para recurrir ante el propio TC y éste quince días para resolver.

La Junta Electoral Central desestimó la petición del PSOE porque este partido “no aduce ninguna irregularidad en el escrutinio general como para justificar la repetición que solicita, sino que se limita a invocar su derecho a revisar el voto nulo indicando la cercanía en el número de votos necesarios para modificar la distribución de escaños en la circunscripción de Madrid”. La asignación del último escaño en Madrid dependía de solo 1.323 votos.

En la Constitución española no hay una regla que, al igual que hace con la autorización de indultos generales, prohíba explícitamente a las Cortes Generales aprobar una ley de amnistía. Esto, sin embargo, no significa necesariamente que amnistiar delitos, imponer por ley la amnesia jurídica general por hechos que han sido o pueden ser constitutivos de delito, sea una opción del legislador. Nos encontramos ante un problema de interpretación constitucional que no se resuelve meramente apelando a la posición central de las Cortes Generales en un…

Gabriel Rufián habla en este vídeo sobre El Tribunal de Cuentas, el chiringuito antidemocrático y alegal que se han montado en este país las 40 familias reaccionarias y vengativas que llevan mandando en este país los últimos 80 años.

El PSOE va a recurrir ante el Supremo la decisión de la Junta Electoral Central de no permitir el recuento de los votos nulos en Madrid, según han confirmado fuentes socialistas a la Cadena SER. El PSOE va a tratar de cazar esos 1.300 votos que le servirían para recuperar el escaño 122 y arrebatarle el escaño del voto de los españoles residentes en el exterior, el voto CERA, que tiene ahora mismo el PP, que suma ahora mismo 137.

El Gobierno de Iñigo Urkullu se alinea con el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y con el de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, ambos del PP, y ha anunciado este miércoles un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley estatal de vivienda. El argumentario es similar al que ha empleado en los últimos meses el PNV, un partido que -a diferencia de EH Bildu- votó en contra en el Congreso de los Diputados y que ha criticado duramente el texto por “invasión competencial” durante la reciente campaña electoral.

La Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) se ha llevado un duro varapalo en su intento de imponer su pensamiento único. Pretendía tumbar el nuevo currículo de Educación Primaria asegurando que vulneraba los derechos fundamentales de libertad religiosa, igualdad y educación por el mero hecho de que incluya la perspectiva de género. El Tribunal Supremo (TS) le ha parado los pies, recordándole implícitamente que ya estamos en democracia.

La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez y la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de privarle de su escaño en representación de 64.000 electores de Canarias han conseguido su objetivo. La disolución anticipada de las Cortes convierte en realidad su expulsión como diputado por toda la legislatura XIV en aplicación de una sentencia que le condenó por una presunta pena de prisión de un mes y 45 días (inexistente según el Código Penal)