Nuevo desencuentro entre los socios de gobierno en Extremadura. El PP ha rechazado este jueves en el pleno de la Asamblea cumplir con el punto 32 del acuerdo de gobernabilidad alcanzado con Vox, relativo a la implantación del pin parental en la educación extremeña, aunque este término no se incluya explícitamente. Durante el turno de fijación de posiciones sobre la propuesta, que tuvo lugar esta mañana, los populares no dejaron claro cuál sería el sentido de su voto, por lo que hasta primera hora de la tarde, cuando ha tenido lugar la votación,

Carlos Mazón informó ayer que está dispuesto a escuchar del Gobierno una propuesta para la quita de una parte de la deuda valenciana (57.000 millones de euros) generada por el Fondo de Liquidez Autonómica. "Si en algún momento el Gobierno de España, o el que sea, tiene una propuesta para la Comunitat Valenciana, la Generalitat la escuchará" dijo el president valenciano desde Londres. No obstante advirtió que "cualquier beneficio de cualquier tipo que no empiece por la Comunitat Valenciana contará con todo nuestro rechazo, caiga quien caiga".

El exconselleiro, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que decidió no continuar tras un período de reflexión ceñido al «ámbito estrictamente personal» y con el fin de iniciar «otra etapa», aunque no reveló con qué destino. Fue uno de los hombres fuertes de los gobiernos de Alberto Núñez Feijoo, con quien fue conselleiro desde el 2009 hasta junio el 2014, cuando dejó el Ejecutivo gallego para ponerse al frente de la alcaldía de Santiago.

Los planes económicos de un gobierno del Partido Popular con o sin Vox en España tienen precedentes muy preocupantes en el resto de Europa. La conservadora Truss dio marcha atrás a su intento bajar impuestos tras llevar a Reino Unido a una crisis autoinfligida; la Comisión Europea tiene paralizado el tercer pago del Plan de Recuperación al Gobierno de la ultraderechista Meloni en Italia; y las protestas recorren Francia por la reforma de las pensiones de Macron.

El país se juega en 17 días refrendar la coalición de izquierdas o meter a la extrema derecha por primera vez en el Consejo de Ministros, en medio de una campaña con los papeles cambiados: Sánchez ejerce de aspirante, Feijóo rehúye los debates y Sumar intenta reactivar a toda la izquierda que no es el PSOE

Ana Botín, presidenta del Santander, lo propuso en 2020 y la primera región en anunciarla fue la Comunidad de Madrid, en septiembre de ese año. “Las subvenciones fiscales al ladrillo siempre se han absorbido y traducido en precios más altos de las viviendas." “Ese tipo de políticas se aplicaron en Reino Unido”. “Las consecuencias para empezar es que solo ayudan a gente que de todas formas ya pensaba comprar una vivienda. No da acceso a la vivienda en propiedad a gente que no se planteaba comprar. Esas personas siguen sin poder comprarlas."

Hay un buen puñado que podría haber implementado y aplicado en Galicia durante los años que gobernó su comunidad natal, pero no lo hizo. Ni limitó por ley el tamaño de los gobiernos, ni la capacidad del Parlamento de enmendar leyes, ni reforzó los informes de organismos consultivos para las propuestas de los partidos, ni fijó la periodicidad de los debates sobre el estado de la autonomía, ni reguló las relaciones con el jefe de la oposición.

"Hace mucho que las Administraciones del Estado externalizan algunas funciones “auxiliares”, como la limpieza, la recepción y la seguridad, a empresas que pagan salarios inferiores. No obstante, estas mismas Administraciones han recurrido progresivamente a consultores externos, que resultan más caros, para que desempeñen funciones centrales del Estado, como la elaboración de políticas públicas, iniciativas legislativas, contratos públicos o incluso planes de reestructuración del sector público."