Hay un buen puñado que podría haber implementado y aplicado en Galicia durante los años que gobernó su comunidad natal, pero no lo hizo. Ni limitó por ley el tamaño de los gobiernos, ni la capacidad del Parlamento de enmendar leyes, ni reforzó los informes de organismos consultivos para las propuestas de los partidos, ni fijó la periodicidad de los debates sobre el estado de la autonomía, ni reguló las relaciones con el jefe de la oposición.
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